​Frecuentemente se confunden indistintamente los conceptos de libertad de expresión y libertad de prensa. A continuación pretendo realizar un análisis normativo comparado para discernir las diferencias sustanciales que caracterizan a cada uno de estos términos. Con un sucinto repaso del régimen propio de cada ámbito, se logrará identificar con acierto el contexto dentro del que es pertinente hablar dependiendo si se refiere al derecho de expresión o a la ejecución de la difusión informativa masiva propia de la prensa.

En la Ley 51 de 1975, más conocida como el Estatuto del Periodista, el periodismo llega a considerarse como una profesión en nuestro país. Si revisamos el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, podemos tener una idea sobre las distinciones existentes entre profesiones y oficios; en pocas palabras, aquel que no tenga un título profesional, o una tarjeta que le dé licencia para laborar, desarrolla un oficio y no una profesión. Sin embargo, el artículo 20 del mismo texto normativo consagra la libertad de comunicación dentro del rango de derecho fundamental, y el artículo 93 de la Carta Magna preceptúa que los tratados de derechos humanos ratificados hacen parte del orden interno legal, fungiendo como fuente de interpretación de los derechos.

Con base en esto, vale la pena traer a colación la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en su artículo 13 habla acerca de las libertades de la comunicación. Otro tratado referente a los derechos humanos fundamentales que aborda el tema de la libertad de comunicación, incluida la consecuente libertad de expresión, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas.

Esta interpretación sistemática de las normas que nos rigen, llevaron a que la Corte Constitucional resolviera la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 51 de 1975 en la Sentencia C-087 de 1998. En aquella providencia, los magistrados aseveraron que el derecho a la información es de toda persona, por ende, el Estatuto del Periodista es inexequible en razón de los requisitos incorporados para avalar el ejercicio del periodismo. Mejor dicho, el periodismo quedó configurado como un oficio que puede desarrollar cualquier persona, en virtud de ser titular del derecho fundamental inalienable de la libertad de expresión.

No obstante, la Corte Constitucional dejó abierta una puerta dentro de esta polémica acerca de la libertad de expresión. En realidad, la puerta abierta plantea una disyuntiva. Por un lado, aparece la solución práctica referida a una conminación a aquellos estudiantes graduados dentro de una carrera profesional de Periodismo, para que demuestren que poseen habilidades de tal envergadura que garanticen una mejor calidad de su trabajo con respecto al producto de los periodistas empíricos. La otra solución planteada es de carácter legal, especulando que de ​